El Trabajo Comunitario como Sanción Alternativa a la Prisión (1)

Dr. Ángel Maza López

Definición 

El “trabajo” es una acción humana generadora de beneficios personales y colectivos; mientras que “comunitario” se trata de lo “perteneciente o relativo a la comunidad”^[1], es decir a un colectivo de personas o pueblo. En consecuencia podríamos definir en términos generales al trabajo comunitario como una actividad productiva o social tendiente a obtener beneficios comunes.

En cuanto al derecho penal, constituye una sanción alternativa a la privación de la libertad, que impone judicialmente al justiciable la obligación de realizar actividades laborales de carácter social en beneficio de la comunidad bajo vigilancia de la autoridad encargada de la ejecución. El trabajo impuesto se caracteriza por ser concordante con la capacidad del obligado, no es denigrante a su dignidad como ser humano y no afecta con demasía las actividades propias de su manutención. 

Fines de la sanción de trabajo comunitario. 

Christopher Bright expresa que esta sanción tiene propósitos reparadores tanto de la restitución como del servicio comunitario en el siguiente sentido: “la restitución repara el daño causado a la víctima particular, el servicio comunitario repara el daño a la comunidad”[2]. Es contrario al empleo del servicio comunitario como sanción punitiva, y prefiere que se utilice con el fin de reparar el daño causado a la comunidad. Agrega que “las órdenes de servicio comunitario deben especificar la naturaleza y alcance del perjuicio sufrido por la comunidad. Esto requiere que se identifique claramente la comunidad que sufrió el daño, el perjuicio sufrido por la misma, y el servicio a ser ordenado para que éste sea específica y directamente reparado”[3]. Sin embargo, existe preocupación con relación a la determinación del daño que sufre la comunidad cuando se comete un delito puesto que podría caer en la subjetividad.

Para Alejandra Díaz Gude, “no todo Servicio en Beneficio de la Comunidad es restaurativo, es más, lo común es que la gente conozca esta práctica, programa o intervención penal en su vertiente “retributiva” o “punitiva”, o bien rehabilitadora”[4]. La autora, citando al belga Lode Walgrave[5], dice que el servicio en beneficio de la comunidad restaurativo se distingue del retributivo y del rehabilitador de acuerdo a los siguientes elementos:

	Retributivo	Rehabilitador	Restaurativo
Objetivo	Disuadir (prevención especial negativa)	Tratar, reformar	Restaurar el daño
Contenido	Dolor, sufrimiento	Adaptado a las necesidades	Simboliza el daño a la comunidad
La duración depende de…	Gravedad del delito	Necesidades de tratamiento	Gravedad del daño
La evaluación de acuerdo con…	Justo merecimiento o castigo	Conducta conforme a la norma	Paz en la comunidad

Para Paul McCold y Ted Wachtel, cuando intervienen las partes interesadas primarias del delito, esto es, la víctima, el ofensor y sus comunidades de cuidados se presenta una práctica completamente restaurativa. Y cuando solamente involucran al ofensor y la comunidad, los servicios comunitarios son parcialmente restaurativos.

Origen. 

El servicio comunitario se aplicó por primera vez en 1966 en California – Estados Unidos, a las mujeres responsables de infracciones de tránsito, pero con el devenir del tiempo varios países empezaron a experimentar con esta medida, imponiéndola a los delincuentes no violentos para reducir la población carcelaria y lograr en parte la reparación del daño a la víctima, incluso la reparación a la comunidad que secundariamente también se ve afectada cuando se comete un delito.

“En el Reino Unido, el Parlamento promulgó, a principios de los ’70, leyes que otorgaban a los tribunales facultades específicas a fin de poder ordenar el servicio comunitario como condena, y no sólo como condición para la libertad condicional (Wright, 1991 en 40). El servicio comunitario creció como parte del sistema de libertad condicional; y a los funcionarios de libertad condicional se les delegaba la exclusiva responsabilidad de asegurar el apoyo para los programas de servicio comunitario, además de organizarlos”[6].

En Washington el servicio comunitario lo resuelve el juez como requisito para obtener la libertad condicional, determinando las horas de trabajo y el período de tiempo. Según Bright, “el Departamento de Libertad Condicional del Tribunal de Distrito en Washington ha dirigido un programa de servicio comunitario desde 1977 con la participación de, al menos, 150 instituciones de beneficencia y organismos gubernamentales”^[7]. Los beneficiarios del servicio comunitario son prolijamente seleccionados en las prisiones, recayendo generalmente en las personas no violentas para precautelar la seguridad de las personas puesto que la actividad se efectuará en lugares públicos. 

En caso de incumplimiento ocurrido por voluntad del sancionado, se suspende el servicio y regresa a la prisión, y cuando no depende de la voluntad de éste, la autoridad modifica la resolución adoptando medidas para que el servicio pueda ser cumplido.

En Bruselas el servicio comunitario está previsto para menores infractores, y se impone con la sentencia. “Allí, las órdenes de servicio comunitario intentan lograr una proporcionalidad entre la seriedad del delito y la cantidad de horas a ser trabajadas”[8]

Ver: El trabajo comunitario como sanción alternativa a la prisión (2)

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[1] Real Academia Española. Ob. Cit. s/n

[2] BRIGHT, Christopher.  “Servicio Comunitario”.  Justicia Restaurativa en Línea.  Consultado el 23 de febrero de 2012. Disponible digitalmente en la dirección:   http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice

[3] BRIGHT, Christopher. Ob. Cit.

[4] DÍAZ Gude, Alejandra. Ponencia: “Los Servicios en Beneficio de la Comunidad para Jóvenes Infractores en Chile y la Prevención de la Reincidencia: Enseñanzas desde la Justicia Restaurativa”. Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la Fundación Paréntesis. Santiago de Chile, noviembre de 2008.

[5] WALGRAVE, L. “Extending the victim perspective towards a systemic restorative justice alternative” en CRAWFORD, A., GOODEY, J. (eds.) Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice: International Debates. Ashgate, Aldershot, 2000, Págs. 253-83.

[6] BRIGHT, Christopher. Ob. Cit. s/n

[7] Ibídem. s/n

[8] Ibídem. s/n

Centro de Rehabilitación Social de El Oro

(Crisis del sistema penitenciario 4)

Dr. Ángel Maza López

En la provincia de El Oro existen dos centros de rehabilitación, uno en  Machala y otro Zaruma. En ambos centros se internan tanto mujeres como varones.

Los talleres se que realizan como parte del proceso de rehabilitación para los varones en Machala son: carpintería, mecánica, artesanías; para mujeres: manualidades. En Zaruma hay talleres de carpintería, panadería, artesanías, agricultura, avicultura y comunidad terapéutica.

La capacidad instalada del centro de Machala es para 150 internos, pero en noviembre de 2010 se registraban 529; en abril de 2011 habían 597 (543 hombres y 54 mujeres); y hasta el  20 de abril de 2012, la cifra ascendía a los 644, de los cuales 604 son varones (311 con sentencia), y 40 mujeres (33 con sentencia). En Zaruma la capacidad es para 30 personas y actualmente se registran un total de 39 internos.

De los datos anotados, se desprende que el Centro de Rehabilitación de Machala tiene una sobrepoblación carcelaria del 329% más de internos de lo aceptable para su infraestructura.

Veamos otros datos que a manera de ejemplo se detallan y que describen la grave problemática del centro de rehabilitación de Machala.

· El 7 de enero de 2011 se efectuaron requisas, lográndose incautar 19 armas blancas y 26 celulares que luego fueron destruidos.

· En virtud de los constantes enfrentamientos y con la intención de encontrar un acuerdo de paz, el 10 de enero de 2011 los internos del centro de Machala entregaron voluntariamente medio centenar de armas blancas (machetes, cuchillos, chuzos) que tenían en su poder,  incluida una bomba molotov, después que en noviembre de 2010 se produjo un enfrentamiento entre internos donde murió uno de ellos.

· El 16 de enero de 2011, luego de la entrega voluntaria de armas, la policía efectuó una requisa, encontrándose dos revólveres calibre 38; 32 paquetes de marihuana, punzones, cuchillos, teléfonos celulares y 8 municiones de diferente calibre situación que llevó al entonces director del centro a pensar que hay más armas de fuego en poder de los internos.

· El 01 de abril de 2011 se requisaron: 1 arma de fuego de fabricación nacional calibre 38; 4 armas blancas; 5 teléfonos celular; 2 chip de Movistar; 1 cierra; 1 pipa de vidrio; 1 barra de acero afilada. Incluso según la policía en la celda número 3 funcionaba una despensa de marihuana, donde encontraron 34 envolturas que pesaron 22 gramos, en el interior de una licuadora 8 envolturas que contenían marihuana con un peso de 30 gramos.

· En mayo de 2011, en enfrentamiento entre privados de la libertad, es apuñalado el interno Carlos Carvajal, quien perdió su vida por la gravedad de las heridas.

· En diciembre de 2011, solamente en una semana se produjeron dos enfrentamientos entre internos, empleando armas de fuego y armas blancas, incluso varios visitantes perdieron sus pertenencias durante el enfrentamiento. Posteriormente se realizó una requisa donde se encontró pica hielo, machetes y cuchillos en poder de algunos internos.

Nos preguntamos, ¿cómo ingresan armas, droga, celulares y alcohol a los centros de rehabilitación social? Cualquier persona para ingresar el centro pasa por un filtro de seguridad y todo objeto que es permitido ingresarlo, primeramente es rigurosamente registrado, o por lo menos debiera serlo porque así disponen las normas y reglamentos. Una de las respuestas a nuestra pregunta ha sido que desde la calle amigos y familiares de internos (previo acuerdo) lanzan los objetos hacia dentro del centro. Podría resultar creíble este argumento dependiendo del tipo de cerramiento así como de la escasa vigilancia, que al final tienen nombres como responsables.

Del análisis efectuado nos atrevemos a asegurar que en las prisiones los internos no viven, sino que luchan diariamente para sobrevivir en un campo de inseguridad de alto nivel. Desde el momento en que ingresan al centro de rehabilitación, los más débiles son sometidos.

Los más fuertes sobreviven imponiéndose, infundiendo temor a los débiles que pagan por protección o simplemente pagan para seguir viviendo. Dentro de las prisiones hay una carrera por ascender en grado para alcanzar respeto y poder imponerse para controlar a los demás, lo que les ayuda a mantenerse con vida. Algunos internos tienen la habilidad para intimidar a los guías penitenciarios y obtener ciertos beneficios.

Con esta dramática realidad de los centros de rehabilitación, ¿qué programa de rehabilitación y reinserción social funciona? Nos preguntamos, ¿para qué sirve la privación de la libertad? No cabe duda que los fines legitimantes de la pena no se cumplen en lo más mínimo, por ello es preciso pensar en otras sanciones penales alternativas, hasta erradicar por completo la pena privativa de libertad.

Se avizoran cambios positivos.

                                                                                          

Constituye un importante avance la constitución de la Escuela Penitenciaria que tiene por objeto brindar capacitación al personal que labora en los centros de rehabilitación social del país. Como parte de dicho proceso,  el Ministerio de Justicia celebró un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército para desarrollar la capacitación.

El primer programa de capacitación estuvo dirigido a la formación de agentes penitenciarios, abordando temas de seguridad, situación del sistema penitenciario, normativa interna y externa, derechos humanos, primeros auxilios, comunicación oral y escrita. El 19 de abril de 2012, se graduaron los primeros 478 agentes.

Por otro lado, se anuncian planes de construcción de nuevos centros de rehabilitación social en distintos lugares del país, como Cuenca, Machala y Loja. Los nuevos edificios contaran con instalaciones  amplias, infraestructura para talleres, espacios para práctica deportiva, entre otros. Los centros actuales están a punto de colapsar debido a la sobrepoblación carcelaria y otros problemas anteriormente analizados.

No obstante, el construir centros de rehabilitación más grandes para mayor capacidad de internos, también nos dice que la criminalidad en el Ecuador no se reduce, sino que cada año va en aumento. Necesitamos más cárceles para privar de la libertad a más personas. No cabe duda que el sistema de rehabilitación y reinserción social, así como los mecanismos de control social formal e informal han fracasado.

Por ende, necesitamos apostarle a otras alternativas de solución a los conflictos penales, necesitamos un nuevo sistema de penas, así como una adecuada política social y criminal, que humanicen el sistema penal vigente, caracterizado por ser caduco y contradictorio.

Ver: El trabajo comunitario como sanción alternativa a la prisión

Centro de Rehabilitación Social de Loja y Zamora Chinchipe

(Crisis del sistema penitenciario 3)

Por: Ángel Maza López

Las provincias Loja y Zamora Chinchipe cuentan con un sólo centro de rehabilitación social ubicado en la ciudadela “Los Faiques” del cantón Loja. En dicho centro se internan tanto varones como mujeres, pero separados internamente. Adjunto también funciona el Centro de Detención Provisional.

Los internos cuentan con talleres de carpintería, mecánica, artesanías y espacio para practicar deporte. Las mujeres trabajan en panadería y manualidades.

El centro tiene capacidad para internar a 150 personas de acuerdo al Ministerio de Justicia, pero hasta el 20 abril de 2012, la población carcelaria asciende a la cifra total de 690, de los cuales 633 son varones (436 con sentencia) y 57 son mujeres (41 sentenciadas).

Como se puede apreciar, la sobrepoblación carcelaria en Loja es del 360% más de la capacidad instalada. En estas condiciones, ¿puede cumplirse adecuadamente el proceso de rehabilitación y reinserción social del penado?

Al problema de la sobrepoblación se suma la inseguridad interna, puesto que muchas personas temen por su integridad física dentro del propio centro de rehabilitación. Cuando una persona es ingresada a cumplir una pena o simplemente una medida cautelar, apenas ingresa al establecimiento, ésta se convierte en víctima porque es despojado inmediatamente de sus pertenencias por otros internos.

Incluso se han cometido delitos entre internos del centro de rehabilitación. Como ejemplo tenemos que en febrero de 2011, fue asesinado José María Gutiérrez Masache, atacado con arma corto punzante, encontrándose culpables a dos internos; asimismo el 20 de octubre de 2011 el interno José Cirilo Maza Soto fue apuñalado cuando se produjo un enfrentamiento entre reclusos.

Por estas razones se han efectuado los operativos policiales, que como referencia detallamos algunos de ellos ejecutados en estos dos últimos años.

1.    Treinta de septiembre de 2011, se decomisa: cinco cuchillos; dos tijeras; cinco cargadores de celular; 12 hojas de gillette; tres baterías de teléfono; dos ganchos metálicos; una pipa de madera color café; dos estiletes; una sierra de metal; dos agujetas de metal; un alicate; y, un formón.

2.    Treinta de diciembre de 2011 se incautaron: 10 cargadores de celulares, tijeras, desarmadores, picahielos, pipas de madera, cucharas metálicas, cortaúñas, estiletes, playos, clavos, flash memory… 

3.    Doce de febrero de 2012, se decomisó: 439 sobres de papel que contenían cocaína, en total 119.3 gramos; tres pipas artesanales; un computador portátil con cargador y servicio de Internet; nueve celulares; siete baterías de celulares; tres chips de la operadora Claro; 18 cargadores de celular; cuatro cuchillos; 93 formones; cuatro desarmadores; seis tijeras; dos cigarrillos con sustancias blanquecina; tres cubiertas de celulares; un juego de manos libres; un cortaúñas; una navaja multiuso; un rollo de alambre; siete cucharas metálicas; dos tenedores metálicos; un cucharón metálico; una coladora; un porta papel higiénico de madera con caleta; un envase plástico con líquido rosado.

4.    Fines de febrero de 2012, se encontraron: un cuchillo; una antena con cable; un cargador de celular; dos formones; cinco fundas plásticas pequeñas con cocaína; y, 18 sobres de papel con sustancia blanquecina.

Otro grave problema es que no contamos con psicólogos penitenciarios suficientes, con autoridades calificadas y expertas en la materia. 

Ver: Crisis del sistema penitenciario 4